El jefe de Prisiones de Marlaska se jactó de vaciar las cárceles dos días antes del crimen de Lardero

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, cargo de la máxima confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se jactó la semana pasada de vaciar las cárceles. Y lo hizo en sede parlamentaria sólo dos días antes del asesinato del niño de Lardero (La Rioja) a manos de Francisco Javier Almeida, que obtuvo el tercero grado vía recurso a Prisiones -en contra de la mayoría de la junta de la cárcel- en febrero de 2020.

En concreto, en el marco de una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para dar cuenta de las partidas asignadas a su departamento en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, Ortiz González subrayó con tono positivo: «Para que conozcan los datos en su integridad, en el año 2011 había en España 66.000 internos y 22.000 funcionarios, diez años después en el año 2021 en España hay 46.000 internos, es decir, 20.000 internos menos, y 24.000 funciones, dos mil funcionarios más que en el año 2011».

En esta misma comisión, y en relación con los presos de la organización terrorista ETA, el colaborador de Marlaska dejó clara su predilección por los beneficios penitenciarios para que haya menos población reclusa.

Así, afirmó que entre junio de 2018 hasta octubre de 2021, es decir, desde su llegada a Instituciones Penitencias en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, se han hecho 302 traslados y 10 de presos preventivos de presos etarras. Y destacó que en estos tres años, con el PSOE en el poder y él como jefe de Presiones, «se han recibido más 1.800 propuestas de los centros penitenciarios en relación con personas condenadas por delitos de terrorismo, de las cuales un 86% han sido asumidas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y un 13% rechazadas». Se incluyen aquí las progresiones de grado, como el paso del segundo grado a la semilibertad.

En el mes de abril, y en esta sede parlamentaria, Ortiz González presumió igualmente de que existan menos reclusos en las cárceles. El secretario general de Instituciones Penitenciarias recalcó que «uno de los compromisos asumidos» por su departamento ha sido el de «favorecer el desarrollo de la intervención tratamental y de los procesos de reinserción social, así como el incremento de las personas penadas en régimen de semilibertad».

De este modo, Ortiz González se mostró satisfecho por «favorecer» la concesión del tercer grado, una progresión como la que experimentó un año antes, en febrero de 2020, Francisco Javier Almeida, el asesino del niño de Lardero.

Junto a ello, el colaborador de Fernando Grande-Marlaska incluso sacó pecho de que desde su llegada al Ministerio del Interior en 2018 las «personas clasificadas en tercer grado y aquellas en torno a unas 600 clasificadas en segundo grado, pero con la modalidad de vida del tercer grado, el conocido popularmente como artículo 100.2, se ha pasado de un 17,7% a un 20,5%, es decir, un crecimiento de casi 3 puntos».

Además, enfatizó que «merece una mención especial la denominada modalidad de cumplimiento extrapenitenciario o telemática», donde el aumento ha sido de «un 122%» con respecto a los datos «habidos en junio de 2018», subrayó.

«Buen comportamiento»

Francisco Javier Almeida, que mató a una mujer en 1998, se agarró a que hubo voces discrepantes en la junta de tratamiento que le mantuvo en segundo grado (régimen ordinario) y recurrió la decisión ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este organismo, que dirige el citado Ángel Luis Ortiz González, alto cargo de Marlaska, le concedió el tercer grado en febrero de 2020 fundamentalmente por «buen comportamiento», además de valorar que ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena y que existían voces dispares en la junta de tratamiento de la cárcel de El Dueso (Cantabria). Poco después, tras resolver Instituciones Penitencias a su favor, el juez de vigilancia penitenciaria le dio la libertad condicional en el mes de abril de 2020.

Tanto PP como Vox han solicitado la comparecencia de Marlaska y Ortiz y han exigido tener acceso a los documentos que manejaron la junta de tratamiento e Instituciones Penitenciarias.